A dos días de
iniciar una nueva sesión en la Organización de Estados Americanos, con petición
previa de 14 países solicitando la incorporación a la agenda del “Caso
Venezuela" podemos ver cómo la comunidad internacional vuelve a volcar su mirada a nuestro país. Aquí podemos reconocer la labor de la Asamblea Nacional y de algunos partidos políticos quienes han hecho un lobby importante en el continente y hoy por hoy, la crisis política en Venezuela vuelve a ser noticia entre los latinoamericanos.
En
Venezuela existe, como he dicho en reiteradas oportunidades, un clima de
incertidumbre generado por la inacción de los partidos. La agenda que se presenta
para estas organizaciones es el proceso de validación, sin embargo, vale acotar
que esto no es una victoria del hipócrita diálogo Gobierno-Oposición, sino que
es un proceso que decide iniciar el CNE al cual, varios partidos decidieron
sumarse. No obstante, cabe acotar que la "validación" no es un proceso legal, quiere decir que no tiene reglas claras y tampoco es auditable. A esta agenda, decidieron sumarse algunos partidos que en ocasiones en tildado al gobierno de dictadura pero buscan legitimarse en un proceso llevado a cabo por el gobierno y sin ningún tipo de acompañamiento por parte de entes internacionales o acuerdos entre las partes.
En
términos constitucionales, tenemos en puerta unas elecciones regionales que se
ven atractivas para los partidos, sobretodo para quienes cumplieron el objetivo
de validar y midieron fuerzas a nivel regional. Para la sorpresa de algunos, de
otros no tanto, el domingo 26 de Marzo dirigentes del chavismo declararon ante
la prensa que “los partidos no son los que dicen si lograron o no la validación,
es el CNE, hasta ahora ningún partido se ha validado” quiere decir que no se
descarta una clásica jugada del chavismo que pretenda retrasar el proceso de
elecciones por medio de argumentos leguleyos. De suceder tal aberración a los
principios constitucionales, estaríamos repitiendo la historia que con el
olvidado referéndum revocatorio del año pasado.
Esta
ruptura del hilo constitucional que pasa también por la violación a la libertad
de expresión de dirigentes políticos e intelectuales, ha sido argumento
tangible para el Secretario General de la OEA, quien ve con preocupación la situación
en nuestro país.
En este
sentido, la CDI es un mecanismo que se utiliza para hacer un llamado al mundo
que, en un país miembro de la OEA se están violando derechos constitucionales e
inclusive derechos humanos. La CDI contempla una serie de acompañamientos
internacionales que la OEA puede hacer, como por ejemplo, misiones humanitarias
que avalen la crisis social que vive Venezuela, así como misiones electorales
que vengan a acompañar dichos procesos. Esta primera etapa de la CDI debe darse con total normalidad, de negar Venezuela la entrada a dichas misiones y seguir con la violación de derechos constitucionales, se procedería a la expulsión del país de la organización como penalización máxima. En todo caso, la CDI es una especie de ultimátum a los gobiernos que pretenden menoscabar los principios democráticos en el continente. Bajo ninguna circunstancia, y para desmontar cualquier conspiración intervencionista,
la CDI no contempla ocupación militar, de hecho, esto violaría los principios
de la OEA.
¿Es la solución
al conflicto de los venezolanos? No, sin embargo, es una medida de presión política
que no se debe descartar, todo lo contrario, se debe acelerar el
desenmascaramiento de la crisis política y social que vive nuestro país.
¿Internacionalmente nos ofrece resultados? Sí, pues uno de los países
preocupados porque se discuta el caso Venezuela es Uruguay, país que siempre
mantuvo muy buenas relaciones con el gobierno de Chávez y de Nicolás Maduro.
A esto es
importante agregar que la agenda no puede resumirse al ámbito internacional,
pues la agitación política en las calles debe aumentar y la presión popular
debe hacerse de forma organizada, aquí somos claves el movimiento estudiantil,
los partidos políticos, los movimientos sociales, los sindicatos, gremios y
asociaciones. Es por ello que la CDI, la presión Internacional, la calle y la
protesta como bandera, deben ser el norte de una oposición que realmente
busque un cambio de gobierno por vías constitucionales, así como cualquier otro
proceso que contemple una salida de este gobierno por las vías democráticas.